AMENAZAS EN ESCUELAS: LAS FAMILIAS AFRONTARÁN CONSECUENCIAS LEGALES Y ECONÓMICAS

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El Ministerio de Educación de la Provincia emitió un comunicado informando sobre las consecuencias de las amenazas hechas en escuelas de la provincia.
Compartimos el comunicado oficial:
El Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe se dirige a toda la comunidad educativa con el fin de emitir una alerta preventiva frente a los hechos de público conocimiento ocurridos recientemente en nuestra provincia en relación a aparición de carteles y pintadas con amenazas de tiroteos en Establecimientos Escolares.
Este Ministerio, en coordinación con el Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público de la Acusación, considera imperioso advertir que estas acciones no constituyen una broma ni una simple transgresión escolar, sino un DELITO GRAVE que vulnera el derecho a la educación y altera profundamente la paz social.
A fin de prevenir que este fenómeno se replique en nuestra provincia, informamos a las familias y a los estudiantes sobre las severas responsabilidades legales vigentes:
  1. EL DELITO DE INTIMIDACIÓN PÚBLICA Y LA RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL
El hecho de realizar pintadas, publicar mensajes en redes sociales o dar falsas alarmas amenazando a una institución educativa configura el delito de INTIMIDACIÓN PÚBLICA, tipificado en el Art. 211 del Código Penal de la Nación, sancionable con penas de prisión.
Es vital que los jóvenes comprendan el escenario legal al que se enfrentan si participan de estos desafíos. Se tomarán medidas para identificar a los autores y una vez hallados se los someterá al correspondiente proceso penal juvenil para determinar su responsabilidad.
  1. CAUSAS JUDICIALES Y ALLANAMIENTOS
El Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe investiga activamente cualquier amenaza a las Instituciones Educativas, utilizando recursos tecnológicos avanzados como análisis de redes sociales, peritajes, rastreo de IP.
La comunidad debe saber que estas investigaciones derivan rápidamente en allanamientos de domicilios, secuestro de teléfonos celulares y computadoras de toda la familia, y detenciones.
El nuevo Código Procesal Penal Juvenil de Santa Fe establece que, ante la comisión de un delito grave, el Estado intervendrá inmediatamente. Con más razón si verosímilmente se llega a advertir circulación de armas de fuego, supuesto en el que la ley habilita al Ministerio Público de la Acusación a tomar medidas incluso respecto de adolescentes que no hayan alcanzado la edad mínima de responsabilidad penal.
  1. COSTOS ECONÓMICOS. RESPONSABILIDAD DE REPRESENTANTES LEGALES
Cada amenaza de violencia extrema obliga a activar protocolos de seguridad que movilizan a las fuerzas policiales, brigadas tácticas, agentes de tránsito y servicios médicos, generando además desalojos y caos vehicular.
Este inmenso costo operativo es asumido por el Estado y de acuerdo al Artículo 1754 del Código Civil y Comercial de la Nación: «Los padres son solidariamente responsables por los daños causados por los hijos que se encuentran bajo su responsabilidad parental y que habitan con ellos…».
Por lo tanto, el Estado Provincial demandará y reclamará judicialmente a los padres, madres y/ representantes legales el pago íntegro de los gastos operativos y la reparación económica por los daños y perjuicios ocasionados por las acciones de sus hijos.                             
  1. CONCIENTIZACIÓN Y ROL DE LA FAMILIA
Las redes sociales pueden fomentar un efecto contagio, haciendo creer a los jóvenes que la virtualidad o el anonimato los exime de culpa. Este Ministerio pretende concientizar especialmente a las y los estudiantes de que lo que comienza como un reto de TikToK puede terminar con un proceso penal en su contra donde ponen en riesgo su libertad y los bienes de su familia para pagar los costos del operativo policial.
Instamos a los Centros de Estudiantes, Docentes y Equipos Directivos a trabajar este documento en las aulas, encuadrando estas situaciones como faltas gravísimas en los Acuerdos de Convivencia.
Asimismo, solicitamos a las familias dialogar de manera urgente y contundente sobre este tema en los hogares, asumiendo el compromiso irrenunciable de erradicar estas prácticas y proteger a nuestra comunidad.

 

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