
Los exjefes de la Policía de Santa Fe, Omar Odriozola y Rafael Grau, fueron condenados este jueves por fraude al Estado, tras ser hallados culpables de liderar una asociación ilícita que simulaba compras y reparaciones de móviles policiales que nunca se realizaban. La sentencia fue dictada luego de un juicio oral y público en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.
El tribunal integrado por los jueces Celeste Minniti, Sebastián Szeifert y Cecilia Labanca los consideró responsables de los delitos de asociación ilícita en concurso real con defraudación agravada al Estado, y les impuso una pena de seis años de prisión. La detención se hará efectiva una vez que la condena quede firme.
La maniobra fraudulenta investigada involucraba facturaciones falsas por repuestos, arreglos y traslados de patrulleros durante los años 2015 y 2016, a través del Departamento de Logística de la Policía (D4). Según la Fiscalía, el esquema fue coordinado por Grau y Odriozola junto a otros funcionarios policiales, contadores y empresarios.
El fallo no incluyó una reparación económica, ya que los jueces consideraron que el Ministerio Público de la Acusación no tenía legitimación para solicitarla. Los fiscales Ezequiel Hernández y Bárbara Ilera habían reclamado penas de nueve años y el resarcimiento de entre 15 y 136 millones de pesos para Odriozola, y entre 8 y 123 millones para Grau.
Aunque el tribunal no concedió la prisión preventiva, los fiscales se mostraron conformes con la resolución. “Nosotros consideramos que una pena de nueve años era justa, pero aguardaremos los fundamentos del fallo para definir si recurrimos ante la Cámara de Apelaciones”, indicó Hernández. Ilera, en tanto, valoró la contundencia de las pruebas presentadas durante el debate, que incluyeron documentos, pericias y declaraciones testimoniales.
Por su parte, la defensa de los condenados, a cargo de las defensoras oficiales Mónica Echaniz y Leticia Balanda, argumentó que sus representados desconocían las maniobras y que todo fue organizado por el jefe del Departamento de Logística junto con los contadores, quienes habrían aprovechado la sobrecarga de tareas de los jefes policiales para hacerles firmar documentación fraudulenta.
El juicio comenzó el pasado 29 de mayo con la declaración del actual gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien en su rol de ministro de Seguridad en 2016 fue quien impulsó la denuncia penal, tras recibir de forma anónima un sobre con pruebas que dieron inicio a la investigación.