CRIMEN DE ROQUE ZANUTIGH EN SAN JUSTO: DICTAN LA PRISIÓN PREVENTIVA PARA LOS IMPLICADOS TRAS UNA DÉCADA Y REVELAN LAS CLAVES DE LA CAUSA

A más de diez años del homicidio de Roque Zanutigh en su vivienda del centro de la ciudad de San Justo, la Justicia dictó la prisión preventiva para los tres imputados en el marco de una causa que también los investiga por venta de estupefacientes. La medida fue dispuesta por el juez José Luis García Troiano, quien compartió el criterio de la Fiscalía y del abogado querellante Néstor Oroño al considerar acreditados los hechos y advertir un latente riesgo de entorpecimiento probatorio. Los afectados por la prisión preventiva son J. C. F. (quien ya cumple una condena en la cárcel federal de Coronda), su esposa E. B. y su madre D. D., para quien la defensa solicitó evaluar una prisión domiciliaria bajo perspectiva de género debido a sus 74 años, alternativa que será analizada en una nueva audiencia una vez verificado un domicilio en Rosario. Asimismo, el magistrado impuso una prohibición absoluta de contacto entre todos los involucrados tras detectarse maniobras para coordinar declaraciones previas.

La investigación, llevada adelante por la fiscal Laura Urquiza, expuso un entramado de contundentes evidencias que volvieron a poner en el centro de la escena un crimen perpetrado entre la noche del 24 y la madrugada del 25 de enero de 2016. Aquella madrugada, Roque Zanutigh, de 74 años, fue asesinado en el interior de su domicilio, donde la autopsia posterior determinó que sufrió nueve puñaladas en la zona del cuello y la parte alta de la espalda, además de una herida defensiva en una mano, mientras que de la vivienda los delincuentes se llevaron una navaja, un maletín con dinero en efectivo y dos teléfonos celulares.

El avance de la causa se sostuvo sobre pilares fundamentales recolectados por los investigadores. Entre ellos se destaca el registro de las cámaras de seguridad de un banco cercano, que captaron un automóvil VW Gol de color gris, con vidrios polarizados y detalles característicos, merodeando la zona en repetidas oportunidades durante las horas clave del crimen, vehículo que meses más tarde terminaría siendo secuestrado en poder de J. C. F. tras otro hecho delictivo. A esto se sumó el rastro tecnológico de los aparatos robados: uno de los teléfonos de la víctima fue hallado en poder del principal imputado al momento de ser arrestado, y el segundo fue encontrado en manos de un tercero (fallecido en 2020) que admitió habérselo comprado semanas después del homicidio, permitiendo que las pericias de antenas ubicaran el celular de J. C. F. en las inmediaciones de la escena del crimen aquella misma noche.

Un punto de inflexión en el expediente fueron las escuchas telefónicas ordenadas tras la emisión de una millonaria recompensa por parte del Ministerio de Seguridad y la posterior conferencia de prensa brindada por la fiscalía. Las intervenciones captaron diálogos donde J. C. F. intentaba calmar a su madre restándole importancia al paso del tiempo y afirmando que sería imposible hallar rastros de ADN una década después en una casa habitada por otras personas. Finalmente, la declaración clave de J. P. F., hermano del imputado, terminó por corroborar la hipótesis fiscal al confesar en una audiencia a puertas cerradas que la noche del crimen su hermano lo había convocado para robar en la casa de la víctima, detallando cómo se trasladaron por la zona y cómo operó tras descender del vehículo, confirmando las sospechas que hoy mantienen a los acusados tras las rejas mientras continúa el proceso judicial.