IMPULSAN UNA LEY PARA FRENAR LA OBSOLESCENCIA PROGRAMADA

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Un proyecto presentado en la Cámara de Diputados busca garantizar el derecho de los consumidores a reparar sus productos y poner límites a la llamada obsolescencia programada, una práctica que reduce la vida útil de los bienes o dificulta su reparación.
La iniciativa parte de una situación cada vez más común: un celular, una computadora o un electrodoméstico deja de funcionar y arreglarlo resulta tan caro (o directamente imposible) que la única opción termina siendo comprar uno nuevo.
Con ese objetivo, la diputada nacional Marcela Pagano presentó un proyecto para crear el Régimen del Derecho a Reparar y contra la Obsolescencia Programada (LEDER), que busca reconocer legalmente el derecho de los usuarios a extender la vida útil de los productos que adquieren.
¿Qué es la obsolescencia programada?
Se conoce como obsolescencia programada a las estrategias mediante las cuales un producto es diseñado para durar menos tiempo o para que su reparación resulte difícil o poco conveniente.
Esto puede ocurrir por distintos motivos: falta de repuestos, componentes sellados que no pueden reemplazarse, bloqueos de software o actualizaciones que reducen el rendimiento del equipo, obligando al consumidor a reemplazarlo antes de tiempo.
Quienes impulsan este tipo de regulaciones sostienen que estas prácticas generan un mayor gasto para los usuarios y aumentan la cantidad de residuos electrónicos.
Qué propone el proyecto
La iniciativa establece una serie de obligaciones para fabricantes e importadores con el fin de facilitar las reparaciones.
Entre las principales medidas, propone:
  • garantizar la disponibilidad de repuestos durante varios años después de dejar de fabricar un producto. En el caso de los electrodomésticos de línea blanca, el plazo mínimo sería de diez años;
  • poner a disposición manuales de reparación, información técnica, códigos de error y herramientas de diagnóstico en español;
  • eliminar las barreras que impiden reparar los equipos, como bloqueos de software o sistemas que rechacen repuestos compatibles.
Además, el proyecto establece que las actualizaciones de software no podrán reducir deliberadamente el rendimiento de los dispositivos y prohíbe utilizar inteligencia artificial para limitar su funcionamiento o impedir su reparación.
Un índice para saber qué tan reparable es un producto
Otro de los puntos destacados es la creación de un índice de reparabilidad, que debería exhibirse en determinados productos.
Ese indicador informaría al consumidor qué tan fácil es desarmar el equipo, conseguir repuestos, acceder a la documentación técnica y realizar reparaciones, además de brindar una estimación sobre su vida útil.
La intención es que, al momento de comprar, los usuarios no solo comparen precio y prestaciones, sino también la posibilidad de mantener el producto en funcionamiento durante más tiempo.
Un debate que ya avanzó en otros países
El derecho a reparar ya cuenta con antecedentes en distintos lugares del mundo.
La Unión Europea aprobó normas que obligan a los fabricantes a ofrecer repuestos y facilitar reparaciones durante varios años. Francia, por ejemplo, exige desde 2021 que celulares, computadoras, televisores y electrodomésticos exhiban un índice de reparabilidad.
En Estados Unidos, estados como California, Nueva York y Minnesota también sancionaron leyes que obligan a las empresas a suministrar repuestos, herramientas y documentación técnica para facilitar las reparaciones.
En Argentina, si bien la Ley de Defensa del Consumidor regula las garantías de los productos, todavía no existe una norma específica que reconozca el derecho a reparar ni que prohíba expresamente la obsolescencia programada.
Los impulsores del proyecto sostienen que una ley de este tipo permitiría reducir residuos electrónicos, fomentar el trabajo de los servicios técnicos independientes y disminuir el costo que hoy enfrentan los consumidores cuando un producto deja de funcionar. Al mismo tiempo, quienes cuestionan este tipo de regulaciones advierten que podrían aumentar los costos de fabricación y generar conflictos vinculados con la propiedad intelectual y la seguridad de las reparaciones.