LA CÁMARA DE DIPUTADOS DIO MEDIA SANCIÓN AL PAQUETE DE HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EL SENADO CONVIRTIÓ EN LEY EL CONTROL DE CELULARES

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El oficialismo de Unidos logró una amplia mayoría en la Cámara baja para avanzar con reformas clave al Código Procesal Penal, incluyendo la figura del juicio en ausencia. Por su parte, la Cámara Alta sancionó por unanimidad la normativa que faculta a la Policía a exigir el IMEI de teléfonos para frenar el mercado ilegal.
En el marco de un extenso debate con alto voltaje político, la Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó y giró en revisión al Senado el mensaje del Poder Ejecutivo que otorga nuevas herramientas para el fortalecimiento de la seguridad pública. La iniciativa contó con 37 votos a favor y 11 en contra en su votación general, tras haber sumado el apoyo de diversos bloques parlamentarios y el rechazo de la izquierda y sectores del justicialismo.
El dictamen, consensuado entre las comisiones de Seguridad Pública y Asuntos Constitucionales, introdujo modificaciones clave respecto al proyecto original remitido por la Casa Gris. Se conservaron 10 de los 11 puntos propuestos, excluyéndose el capítulo referido a las «zonas de intervención especial policial», el cual será abordado en una ley específica.
Entre los aspectos más trascendentes del texto se destaca la inclusión de la figura del juicio en ausencia, convirtiendo a Santa Fe en la provincia pionera en aplicar esta herramienta procesal. En total, la iniciativa modifica catorce artículos del Código Procesal Penal e introduce reformas al Código de Convivencia, la Ley de Inteligencia, el régimen de privación de la libertad y el Programa Provincial de Protección y Acompañamiento de Testigos y Víctimas.
Cruces en el recinto y respaldo oficialista
La jornada legislativa estuvo marcada por profundos debates en el seno del propio interbloque de Unidos para Cambiar Santa Fe. La apertura del tratamiento estuvo a cargo de la diputada socialista Lionella Cattalini, quien reivindicó el rol de su partido en la preservación de las garantías constitucionales y criticó las declaraciones cruzadas provenientes de funcionarios del Ejecutivo, aludiendo a Federico Angelini. En la misma línea, el jefe de la bancada socialista, Joaquín Blanco, ponderó los cambios introducidos al proyecto original y enfatizó que «el MPA debe ejercer la acción penal y conducir las investigaciones».
Por su parte, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Martín Rosúa (UCR), fundamentó que la ley busca «dotar al sistema provincial de persecución penal de instrumentos para intervenir frente a la criminalidad organizada, la violencia urbana y la continuidad de actividades delictivas desde establecimientos penitenciarios». En el debate intervinieron también los legisladores radicales Dionisio Scarpin y José Corral, quienes ponderaron la política penitenciaria provincial que actualmente abarca a 63 presos de alto perfil y 615 bajo regímenes de máxima seguridad.
Desde la oposición, las bancadas de Somos Vida, Inspirar, Vida y Familia, y la diputada justicialista Alejandra Rodenas respaldaron el dictamen general pero rechazaron artículos específicos. En contraposición, los legisladores del Frente Amplio por la Soberanía y los justicialistas Lucila De Ponti, Celia Arena y Marcos Corach votaron en contra, argumentando Arena que la redacción aprobada «pone en riesgo a los inocentes».
Es ley el control de celulares y el rastreo por geolocalización
Paralelamente, la Cámara de Senadores de Santa Fe aprobó de forma definitiva las modificaciones incorporadas por Diputados al proyecto que crea el Sistema Provincial de Intervención de los Mercados Ilícitos de Dispositivos Tecnológicos. La norma fue sancionada por unanimidad al conseguir el respaldo de la bancada del Justicialismo.
La nueva legislación equipara la trazabilidad de los dispositivos móviles a la de los vehículos registrados, facultando al personal policial a requerir la identificación IMEI del equipo (15 dígitos accesibles mediante el código *#06#) en la vía pública o ante sospechas, conjuntamente con la exhibición del DNI.
Puntos centrales de la norma sancionada:
  • Verificación en bases oficiales: Si al consultar el sistema (imei.enacom.gob.ar) se registran anomalías o denuncias de robo, se procederá al secuestro del dispositivo y requisa del portador con intervención del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
  • Decomiso por negativa: La policía no podrá forzar la apertura del teléfono si el ciudadano se opone, pero sí estará facultada para decomisar el aparato previa tramitación reglamentaria.
  • Geolocalización como flagrancia: Se tipifica el rastreo por GPS de un celular sustraído como supuesto de flagrancia. Esto habilita el accionar policial inmediato en el lugar donde se ubique el equipo (incluidos domicilios) sin necesidad de una orden judicial previa.
  • Regulación comercial: Se establecen sanciones severas para locales de venta y servicio técnico que tengan en su poder equipos con identificadores alterados.
Al justificar el cambio de posición del bloque opositor, el senador justicialista Armando Traferri manifestó que la bancada comparte las pautas de resguardo introducidas por la Cámara baja. A su turno, el senador por el departamento Rosario, Ciro Seisas, subrayó que en la provincia se registran en promedio 200 denuncias diarias por robo de celulares, recuperándose apenas el 5% de los mismos.
El cierre de la sesión en la Cámara Alta contó con la palabra de los senadores Esteban Motta y Felipe Michlig, quienes coincidieron en destacar la celeridad legislativa para abastecer de normativas a la Justicia y a las fuerzas de seguridad en el combate contra la delincuencia.