LLAMBI CAMPBELL: IMPUTAN POR PRIMERA VEZ A DOS JÓVENES POR AMENAZAS A UNA ESCUELA TRAS EL CASO IAN CABRERA
Compartir
Dos estudiantes de 16 y 18 años fueron imputados por realizar amenazas de atentado contra una escuela en la localidad de Llambi Campbell, en el centro de la provincia. La medida fue dispuesta por la fiscal de menores Ana Laura Gioria y marca un punto de inflexión: se trata de los primeros adolescentes imputados penalmente por este tipo de hechos en Santa Fe desde el crimen de Ian Cabrera.
La audiencia se llevó a cabo en los tribunales de Esperanza, donde los acusados —identificados como J.O. (16) y Y.A.G. (18)— fueron imputados por amenazas coactivas e intimidación pública en concurso ideal. Tras la imputación, la Justicia dispuso medidas alternativas a la prisión preventiva, que ya fueron notificadas a las autoridades del establecimiento educativo. En paralelo, la investigación continúa sobre un tercer involucrado, un menor de 15 años.
Según fuentes del caso, los jóvenes fueron identificados a partir de una nota hallada en el baño de la escuela con el mensaje: “Devuelvan los celulares o tiroteo”. La principal hipótesis indica que la amenaza estaría vinculada con la prohibición del uso de teléfonos móviles dentro de la institución.
Un contexto de creciente preocupación
El caso se da en un escenario de fuerte preocupación en las escuelas santafesinas. Tras el asesinato de Ian Cabrera en San Cristóbal, se registró una proliferación de amenazas falsas en establecimientos educativos de toda la provincia.
El secretario de Análisis y Gestión de Información del Ministerio de Justicia y Seguridad, Esteban Santantino, advirtió que la situación viene escalando por una “viralización negativa” de este tipo de mensajes, que circulan a través de pintadas, WhatsApp y redes sociales.
En menos de una semana, el gobierno provincial contabilizó más de 150 alertas por posibles ataques y logró identificar a siete personas responsables de estas intimidaciones.
Endurecimiento de las medidas
Frente a este escenario, el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe implementó un nuevo protocolo para endurecer la respuesta ante estas amenazas, consideradas delitos. La normativa prevé sanciones legales tanto para los estudiantes involucrados como para sus adultos responsables en caso de ser menores.
Además, el ministro Pablo Cococcioni confirmó que los responsables deberán afrontar los costos de los operativos de seguridad, que pueden alcanzar entre 5 y 6 millones de pesos por intervención, desde la activación del 911 hasta la actuación del Ministerio Público de la Acusación.
La resolución 1.201/26 establece un sistema de intimación extrajudicial para recuperar esos gastos, con el objetivo de desalentar este tipo de conductas y optimizar los recursos del Estado.
El avance de esta causa refleja un cambio en la respuesta judicial frente a amenazas que generan alarma social, alteran el funcionamiento de las escuelas y demandan un importante despliegue de recursos públicos.
