Un adolescente de 15 años fue imputado en San Cristóbal por amenazas calificadas por el uso de arma de fuego y portación de un arma de fuego de guerra sin autorización.
El hecho ocurrió el 8 de septiembre, tres días después de la entrada en vigencia de la nueva Ley 27.801.
La fiscal Carina Gerbaldo solicitó una medida cautelar y el juez José Boaglio dispuso que el adolescente permanezca 90 días en una institución de puertas cerradas.
Se trata del primer caso de la Fiscalía Regional 5 tramitado bajo el nuevo Régimen Penal Juvenil con un adolescente de 15 años. La medida es cautelar y no constituye una condena.